Francia dio un paso histórico al aprobar en el Senado una ambiciosa ley que busca frenar el avance de la moda ultra rápida. Con 337 votos a favor y solo uno en contra, el país se convierte en pionero al regular el negocio de plataformas como Shein y Temu, cuya estrategia de precios bajos y producción masiva ha generado preocupación tanto por su impacto ambiental como por la presión que ejercen sobre el comercio local.
La normativa —conocida popularmente como “ley anti Shein”— contempla sanciones económicas, nuevas obligaciones medioambientales y un control más estricto sobre la actividad de estas plataformas.
Según explicó la ministra de Consumo del país galo, Véronique Louwagie, el objetivo es doble: “proteger el medioambiente y salvaguardar nuestro comercio”.
Uno de los puntos más llamativos es la implementación de una eco-puntuación obligatoria para las marcas de fast fashion, la cual medirá el impacto ambiental de cada prenda según emisiones, uso de recursos y reciclabilidad. A partir de 2025, las empresas con peores resultados deberán pagar hasta 5 euros por artículo (aproximadamente unos $5.433 pesos, según valor cambio 18 de junio) , cifra que subirá a 10 euros en 2030 (aproximadamente unos $10.866 pesos, según valor cambio 18 de junio). Además, el impuesto no podrá superar el 50% del precio final del producto.
La ley también prohíbe la publicidad de este tipo de marcas y sancionará a influencers que las promuevan, en un intento por desincentivar su consumo entre los más jóvenes. Aunque el foco está puesto principalmente en Shein y Temu, las sanciones podrán alcanzar a otras empresas, incluso europeas, si cumplen con los criterios de producción masiva y renovación constante de colecciones.
Otra medida inesperada es la introducción de un impuesto de entre 2 y 4 euros para los paquetes pequeños provenientes de empresas fuera de la Unión Europea, una jugada que amplía el alcance de la ley y apunta directamente a plataformas de origen asiático.
Sin embargo, no todos están conformes. Organizaciones ambientalistas como Amigos de la Tierra Francia han criticado la normativa, acusándola de priorizar la protección económica por sobre la sostenibilidad real. “Estamos muy decepcionados. Esta ley deja fuera al 90% de la ropa vendida en Francia”, declaró su vocero Pierre Condamine.
A pesar de las críticas, el mensaje de Francia es claro: el modelo de negocio del fast fashion tiene los días contados si no se adapta a nuevas exigencias medioambientales y sociales. El próximo paso será la redacción de un texto conjunto entre ambas cámaras, cuya aprobación final marcará un antes y un después para la industria global de la moda. #SARAH
